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Ampliar El 3 de febrero de 2014 la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó la expedición del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que entró en vigencia luego de 180 días después de su votación en la Asamblea Nacional, contados desde su publicación en el Registro Oficial, esto es el 10 de agosto del 2014.
El 3 de febrero de 2014 la Asamblea Nacional del Ecuador, aprobó la expedición del Código Orgánico Integral Penal, el mismo que entró en vigencia luego de 180 días después de su votación en la Asamblea Nacional, contados desde su publicación en el Registro Oficial, esto es el 10 de agosto del 2014. Dentro de este cuerpo normativo se encuentra desarrollado el procedimiento, así como las formas en que debe llevarse un allanamiento de domicilio en el Ecuador. Precisamente, el Art.- 481 del Código Orgánico Integral Penal establece los requisitos que debe cumplir una orden de allanamiento. Este artículo dispone que en casos de "urgencia", el fiscal podrá solicitar la orden verbalmente o por cualquier medio conveniente, siempre que se deje constancia de los motivos que determinen el allanamiento. En otras palabras, el Código Orgánico Integral Penal no determina con claridad y certeza la manera en que el fiscal haría la solicitud al Juez de Garantías Penales; de la misma forma esta codificación es deficiente en determinar cómo el Juez de Garantías Penales (quien está a cargo de la tutela de los derechos) puede autorizar el allanamiento por cualquier medio, dejando constancia de dicho acto. En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como el Ecuador, a criterio del autor no es posible pensar o imaginar que un derecho de rango constitucional, como lo es la "Inviolabilidad de Domicilio" sea limitado o reducido mediante la utilización de "cualquier medio conveniente", ya que ello podría generar arbitrariedades y abusos por parte de las autoridades judiciales, policiales, políticas, etc, dado que puede ocasionar una falta de motivación en el actuar de los Funcionarios Públicos, lo que vulneraría desde cualquier perspectiva la propia Constitución de la República, así como los tratados y doctrinas sobre derechos humanos esenciales como lo son derechos de libertad, inviolabilidad de domicilio, garantías básicas del debido proceso, entre otros.
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